Oficializan el Sistema de Información para combatir la trata de personas

Buenos Aires - Argentina.- (InfoBae) El Gobierno creó el Sistema con el objetivo de "prevenir, reprimir y sancionar" a quienes incurran en esta actividad contra niños y mujeres. Se pretende “tipificar el delito de trata de personas y establecer las medidas destinadas a prevenir y sancionarlo"

A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, se fundamentó la iniciativa del Sistema Integrado de Información Criminal del Delito de la Trata de Personas "en virtud de los tratados internacionales ratificados por la República Argentina" entre ellos "la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional" para "prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños".
También se consignó el objetivo de "tipificar el delito de trata de personas y establecer las medidas destinadas a prevenir y sancionarlo, como así también asistir y proteger a sus víctimas" por lo que "se ha incorporado al plexo normativo argentino el delito de trata de personas, a través dela Ley sobre Prevención y Sanción dela Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas N° 26.364".
"Es una política del Estado Nacional la prevención de esta problemática, la protección de sus víctimas y la persecución de sus autores", se esgrimió en el texto publicado en el Boletín Oficial.
Además, se indicó que "se requiere de herramientas idóneas para responder a las crecientes demandas de nuestra sociedad que reclama por mejores políticas coordinadas, para lo que se necesita un abordaje integral" sobre esta problemática, por lo que "se torna imperioso realizar un giro en la política de persecución de este tipo de hechos".
Ello se logra, se señaló, "jerarquizando el lugar que ocupa la información criminal, no sólo para conocer en profundidad las tendencias y mutaciones de la trata de personas en nuestro país sino, además, para contar con insumos útiles para la elaboración de diagnósticos calificados que favorezcan la toma de decisiones estratégicas".
"La ausencia de datos de calidad y la diversidad de criterios en materia de recolección de información dificulta enormemente conocer en profundidad este fenómeno", se admitió, por lo que "la carencia apuntada sin lugar a dudas puede tornar inoficiosos, o al menos incompletos, los esfuerzos por coordinar medidas tanto preventivas como investigativas".
Se aclaró que "el perfeccionamiento del instrumento de almacenamiento y control de datos será desarrollado por el área de Política Criminal del Ministerio de Seguridad" en la resolución que lleva la firma de Nilda Garré.

Condenaron en La Rioja a un policía por trata de personas

Rioja - Argentina.- (Julio Aiub Morales - Clarín) Noel Jesús Carreño (29) se constituyó en el primer policía de la provincia de La Rioja condenado por el nuevo ordenamiento legal sobre trata de personas , al ser encontrado culpable por el Tribunal Oral Federal del distrito. La pena fue de dos años de prisión debido a que se consideró el delito en grado de tentativa, pero agravada por su condición de funcionario público.

También se le impuso una inhabilitación especial, por el doble de la condena, para ejercer cualquier cargo público, aunque Carreño, que está suspendido en la Policía, no quedó preso porque la condena es menor a tres años y porque no tiene antecedentes .
El juicio fue seguido con atención por la ONG La Alameda, especializada en el tema, que envió al abogado Carlos Beizuhn para presenciarlo.
El tema es muy sensible en esta provincia , adonde fue traída Marita Verón para ser introducida en una red de prostitución luego de ser secuestrada en abril de 2002 en Tucumán.
Las actuaciones se iniciaron con la denuncia de Flavia Carmona Rojas, quien tenía 19 años entonces, junto a su madre, Flavia Rojas de Carmona, el 6 de marzo de 2009. La joven dijo que fue contactada por una mujer policía amiga suya, que trabajaba en el servicio 101. Según su versión, el diputado nacional Alberto Paredes Urquiza (que había sido ministro de Gobierno y, por lo tanto, jefe de la Policía) quería hacerle una propuesta de trabajo como promotora en una empresa de biodiesel .
Por esta tarea, Flavia –cuya familia pasaba una delicada situación económica- iba a percibir un sueldo de 2.700 pesos más una tarjeta de crédito para adquirir ropas u otras cosas por un valor de 3.000 dólares. También le prometieron viajes a Estados Unidos, México, Brasil, Uruguay, entre otros países, e inclusive se le ofreció hacerle el pasaporte.
Sin embargo, la familia consultó con Paredes Urquiza y éste les dijo que no tenía nada que ver y l es aconsejó hacer la denuncia porque sospechó de un caso de trata de personas .
La presentación se hizo en la Dirección de Investigaciones, que armó un operativo y detuvo a Carreño en la plaza principal de La Rioja, cuando estaba hablando con Flavia.
Pero el policía estuvo detenido 16 horas porque el juez provincial que intervino en primera instancia no encontró causal. Durante el procedimiento de detención, el padre de la mujer policía del 101 sufrió un ACV que le costó la vida al día siguiente.
Pero los Carmona Rojas no se amilanaron e hicieron la denuncia ante el Juzgado Federal de La Rioja e intervino la Unidad de Trata de Personas, entonces recién creada.
Entonces se allanó el domicilio de Carreño, quien es casado y cuya esposa esperaba un bebé .
La defensa del policía sostuvo que Carreño nunca organizó el secuestro de Flavia ni perteneció a una banda con ese fin y que hizo eso en busca de dinero porque su sueldo era escaso para mantener su familia y trasladarse al interior, donde había sido asignado . Sin embargo, durante el juicio surgió que hizo una maniobra similar con otras jóvenes, en anteriores ocasiones.
La madre de Flavia criticó la actuación del fiscal de instrucción, Edgar Darío Illanes, porque “no investigó a fondo”. El abogado Beizuhn dijo que coincidió con el fiscal del TOF, Horacio Salman, en que la condena debió ser ma yor, pero destacó que es un avance.

Más penas y un teléfono para denunciar la trata

Buenos Aires - Argentina.- (Gustavo Ibarra - La Nación) El Senado aprobó ayer un proyecto de modificación de la ley que reprime la trata de personas y que amplía los alcances del delito y su escala penal y crea nuevos organismos para facilitar la búsqueda y asistencia de las personas sometidas a este flagelo.
Una de las principales modificaciones que introduce el texto, que ahora deberá ser discutido en la Cámara de Diputados, es la eliminación del consentimiento de la víctima, que en la ley vigente es considerada una causa para eximir de responsabilidad a los imputados. Además, amplía el concepto del delito al incluir la explotación y comercialización de pornografía infantil y penar, también, a los matrimonios forzados y serviles (entrega de una persona en matrimonio por dinero o canonjías).
En otro cambio de trascendencia se incluye en el art. 127 del Código Penal la figura del proxeneta, ya que se penalizará al que explote económicamente la prostitución de una persona. El proyecto también crea organismos relacionados con el delito, entre los que se destaca el Sistema Sincronizado de Denuncias Sobre el Delito de Trata de Personas, que tendrá el número telefónico 145 en todo el país y que dependerá del Ministerio Público Fiscal.
Por último, la iniciativa agrava las escalas penales. Así, la figura básica de promover o facilitar la prostitución de una persona tendrá una pena de 4 a 6 años. Esta condena se extenderá de 5 a 10 años en el caso de incurrir los culpables en agravantes como coerción, lazo familiar con la víctima o que el responsable sea un educador, ministro de culto religioso o funcionario público. Cuando la víctima sea menor de 18, la escala penal será de 10 a 15 años de prisión. Si se tratase de reducción de una persona a esclavitud o servidumbre, las penas irán de 4 a 15 años.
El Senado también aprobó ayer la creación de un registro nacional de datos genéticos en el que deberán constar muestras de todas aquellas personas condenadas por un delito contra la integridad sexual. La base de datos tendrá carácter reservado y sólo estará a disposición de fiscales, jueces y tribunales de justicia.
El "registro de violadores" funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia. La iniciativa contempla también la incorporación en el registro de los datos genéticos de aquellos agresores que no hayan sido identificados y cuyas muestras puedan obtenerse de sus víctimas. Así se podrá usar la información para su cotejo en futuras causas judiciales y establecer si el acusado estuvo involucrado en algún ataque anterior.

En el Distrito Federal de México existirían 10 mil personas explotadas sexualmente

DF - México.- (La Crónica) En el Distrito Federal existen alrededor de 10 mil personas explotadas sexualmente, principalmente mujeres, niños y niñas. Esta actividad se realiza en las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.
De acuerdo con la directora regional de la Coalición contra la Trata de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, Teresa Ulloa, existen cinco bandas dedicadas a la explotación sexual y la trata de personas, originarias de Tlaxcala, Baja California, Quintana Roo, Rusia y Japón, y operan en La Merced.
“La Merced se ha vuelto como un centro de acopio y de redistribución de personas. Hoy vemos muchas mujeres de fuera y por eso estamos detrás de quien tiene la facultad para que se empiece a atender el asunto de La Merced”, expresó.

Lucha contra la trata de personas en Argentina: Procurador pidió a los fiscales por el cierre de los prostíbulos

Argentina.- (El Diario) Desde el año pasado, cuando comenzó a regir la Ley de Trata, se constataron 445 víctimas en el país, el 95% de las cuales son mujeres y niñas, reveló ayer Alicia Peressutti, una referente local en esta lucha, al dialogar con EL DIARIO. “No es poco ese número”, advirtió la docente y escritora. Entre las víctimas, hay paraguayas, dominicanas, bolivianas y argentinas. El 5% restante son hombres, que en su gran mayoría son explotados laboralmente.

Los datos pertenecen a la Red Alto al Tráfico y a la Trata (RATT) que nuclea a las organizaciones que trabajan específicamente en este tema, como Vínculos, donde interviene Alicia.

Las 455 víctimas son, principalmente, del noroeste argentino, noroeste de este país y del conurbano bonaerense. La demanda principal se centra en Córdoba, Buenos Aires y Mendoza.

Peressutti rescató la labor del fiscal Marcelo Colombo, a cargo de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas, quien “es muy comprometido” y señaló que en Santa Fe y Misiones se producirán los primeros juicios orales sobre trata en Argentina.

La docente remarcó que “hay un debate que no cesa: algunos jueces toman la ley al pie de la letra y sostienen, tal como lo establece el artículo 2, que las víctimas mayores tienen que declarar, pero otros magistrados permiten que si se fundamenta la vulnerabilidad de las mismas no es necesario”. La vulnerabilidad está dada en el hambre, la miseria y otros aspectos.

Peressutti rescató que el procurador General Esteban Righi “ha pedido a todos los fiscales que investigan casos de esta naturaleza, que insten al cierre de prostíbulos, cumpliendo la ley referida a la prostitución por cuenta ajena, haya o no un caso de trata de personas”.

Aunque advirtió que “hace falta mucho”, Alicia consideró que “nunca vi tantos avances en los más de diez años que vengo trabajando” y apuntó que lo principal es crear “conciencia social” en la sociedad, ya que algunos “no piensan que la esclavitud está mal”. Por eso son importantes las charlas en las escuelas y en las instituciones, para alertar sobre este drama.

Visitó La Rioja el secretario de Justicia de la Nación. Fue en el marco del primer Aniversario de la División de Trata de Personas

La Rioja - Argentina.- (Radio Fénix) En las jornadas participaron representantes de las fuerzas de seguridad Mendoza, San Juan, Salta, Catamarca, Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy y La Rioja. Estuvo orientado principalmente a integrantes de las Fuerzas Policiales, gendarmería, Ejército, Prefectura Naval, Seguridad Aeroportuaria y Brigadas especiales de las mencionadas provincias.

Estuvieron presentes además el vicepresidente de la Cámara de Diputados a cargo del Ejecutivo, Sergio Casas; la senadora Nacional, Teresita Quintela; el jefe del Comando Superior de la Policía de la provincia, Luís Angulo; el juez Federal, Daniel Herrera Piedrabuena; el obispo Diocesano, Monseñor Roberto Rodríguez; la secretaria de Gobierno y Justicia, Graciela Nader; el titular de la división de Trata de personas de la provincia, el oficial principal Fernando Torres; el abogado de Susana Trimarco y de la Fundación María de los Ángeles, Carlos Garmendia y Zaida Gatti asesora General del programa de ayuda a las víctimas de Trata, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la nación.
En las alocuciones las autoridades coincidieron en la dura condena contra el delito de Trata y la notable evolución que tuvo la provincia de La Rioja en el sentido de encarar una política de abordaje, firme y concreta.

Destacan el trabajo de la División de Trata de la provincia

En primer lugar el comisario Angulo, destacó la presencia de los funcionarios nacionales y provinciales e hizo referencia al cambio de mirada sobre este tipo de problemática y anunció que se destinará un predio para la construcción del edificio que tendrá la División de Trata. “Hoy vemos con beneplácito esta jornada de capacitación como una iniciativa promovida por el oficial Torres y que cuenta con el apoyo de la jefatura y de las autoridades provinciales”, expresó.

En relación a la capacitación subrayó el aporte y el apoyo que se recibe desde las autoridades políticas y puntualizó el cambio de paradigma desde las autoridades provinciales “para sumir con total responsabilidad esta lucha contra la trata de personas”.

El jefe del Comando Superior destacó “el cambio de actitud” que tuvieron los organismos que imparte justicia tanto de jurisdicción ordinaria como Federal.

Por su parte el abogado de la Fundación María de los Ángeles Verón elevó el saludo de Susana Trimarco, que se encuentra con problemas de salud y subrayó que “el esfuerzo del gobierno provincial y de la División de Trata de Personas, en esta lucha sin cuartel”.

Garmendia dijo que “lo que en definitiva estos delincuentes terminan haciendo es arruinar la vida de cada una de las niña, jóvenes y adolescentes que terminan siendo víctimas de este aberrante delito”. Agregó que la Fundación realizó un trabajo arduo, extenso en casi todas las provincias de territorio Argentino dando capacitaciones, recibiendo denuncias e informado sobre la realidad de este tema.

El letrado analizó que “vemos que finalmente la Trata de Personas se instaló como un verdadero problema de toda la sociedad, en la agenda del Estado Nacional y los Estados provinciales”.

También destacó el esfuerzo, la voluntad y perseverancia de la División de Trata de Personas de la provincia por el trabajo realizado hasta el momento.

Hay que evitar la victimización / Rol de los medios

Como principal orador el secretario de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación sostuvo que “quienes estamos vinculados de alguna forma con esta problemática, dejamos por momentos la función pública y encaramos con pasión y profesionalismo”.

Para Masquelet una de las particularidades a atender es, a diferencia de otras modalidades del crimen organizado, que “la mercancía con que se trafica son seres humanos, la víctima”.

El funcionario nacional precisó que “el proceso de victimización de las trata, se produce desde el mismo momento que el delito se inicia es decir con la captación de la víctima. Es un delito donde la victimización está presente en toda la cadena”. “Frente a este delito las responsabilidades son compartidas por todas los organismos del Estado y en este delito es mucho mayor; porque la policía, la Justicia y nosotros llegamos siempre tarde”, amplió.

Para Masquelet “es Estado cumple un rol de respuesta necesaria pero tardía, por ello la responsabilidad de todos es abordar otras estrategias para la prevención del delito de trata evitando los procesos de victimización. Evitando la producción de víctimas”.

El funcionario nacional expresó su visón de evitar favorecer escenarios donde comience la creación de víctimas que “es lo que la sociedad produjo durante muchos años”.

Políticas de Género, el cambio de modalidades y mentalidades culturales, romper con los proceso de naturalización de la explotación, tanto sexual como laboral,- siendo la primera con mas connotación por su historia que la segunda-, explotación por trabajo infantil, pedofilia y venta de órganos son algunos de los conceptos que el funcionario nacional evidenció en la apertura de las jornadas.

Desde la Secretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos aseguraron y aclararon que la prensa tiene un rol fundamental y preponderante a la hora de forma la Opinión Pública. “Muchas veces los medios de comunicación lejos de contribuir a modificar los parámetros culturales y aportar la mirada sobre la problemática, contribuyen a su naturalización, a su banalización y a un problema, done las estrategias culturales tienden a reproducirse”, añadió.

Para el funcionario nacional “la prostitución en Argentina es vista como u fenómeno natural y hasta querido, deseado”.

Casas resaltó la nueva óptica de la provincia

El vicepresidente Primero de la Cámara –a cargo del Ejecutivo- dejó el saludo del Gobernador Beder Herrera y destacó “la nueva óptica de la Rioja ya que hace un tiempo atrás la provincia era considerada como una de las provincias que mayores índices en trata de personas”. Casas dijo que “es vocación de gobernado transformar esa visión por ello apoyo la creación de la División de Trata de personas, a cargo de Fernando Torres y bajo la órbita de la Jefatura de Policía de la provincia”.

Avances contra laTrata de Personas en Argentina

Argentina.- (Por Alejandra Waigandt - Artemisa Noticias) El Estado nacional y algunos gobiernos municipales están obteniendo resultados concretos en el combate contra la trata de personas. Hay procesamientos firmes, inclusive para este mes se esperan juicios orales, donde por primera vez los criminales podrán ser acusados del delito de trata.
En abril de 2008 el delito de trata fue tipificado y desde su vigencia se rescataron 445 víctimas. El 95 por ciento son mujeres y niñas de diferentes nacionalidades (argentinas, paraguayas, dominicanas y bolivianas). También quedaron detenidas unas 326 personas, incluyendo reclutadores y explotadores de la prostitución ajena y laboral, según la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, a cargo de Zaida Gatti.
La justicia dictó 34 procesamientos, de acuerdo a los datos brindados a Artemisa Noticias por el fiscal Marcelo Colombo, director de la UFASE (Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas remitió). El funcionario informó además que 'el 25 y el 26 de noviembre iniciaran los primeros dos juicios orales, uno en la Ciudad de Santa Fe y otro en la localidad del Dorado, Misiones. Este avance es importante porque se producirán las primeras sentencias condenatorias desde la sanción de la Ley de trata (26.364)', agregó.
Zaida Gatti añadió que hay otras cuatro causas que fueron elevadas a juicio oral y están en trámite en los juzgados federales de Azul y Mar del Plata (Buenos Aires), Paraná (Entre Ríos) y Comodoro Rivadavia (Chubut). Estos índices reflejan que en primera instancia las personas detenidas fueron encontradas responsables del delito de trata. En cuanto a los procesamientos, 24 ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires y las localidades bonaerenses de Lomas de Zamora, La Plata, San Martín, 3 de Febrero, Morón, Mar del Plata, mientras que en el interior (La Pampa, Salta, Posadas, El Dorado y Paso de los Libres) se dictaron 10.
Un debate que no cesa
Los mismos revelaron dos escenarios diferentes en el modo de intervención de la justicia federal. Por un lado están los jueces que hacen una interpretación adecuada de la Ley 26.364, porque tienen en cuenta todos los supuestos que configuran el delito de trata. Concretamente, consideran la condición de vulnerabilidad de la víctima mayor de edad. Sobre todo en situaciones de trata con fines de explotación sexual, estos funcionarios judiciales han constatado no sólo que la víctima viene de una región empobrecida, sino que también recibieron una oferta laboral fraudulenta.
Por otro lado, hay tribunales cuyos responsables hacen interpretaciones restringidas de la norma penal cuando la víctima tiene más de 18 años. Esta/os jueces 'han dado un valor bastante extendido al tema del consentimiento, creyendo que una persona está en situación de trata solamente si ha existido violencia física o no ha podido dejar el lugar en que se facilitaba la prostitución', reconoció Colombo.
El consentimiento de la víctima mayor de 18 generó polémicas entre las y los legisladores nacionales durante el tratamiento de la Ley de trata. Estaban quienes exigían que no se consignara porque obstaculizaría la posibilidad de probar el delito. 'Lo cierto es que la norma obliga a fiscales y jueces a verificar otras circunstancias que puedan estar presentes además de la violencia física, por ejemplo el engaño y el abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad', aclaró el director de la UFASE.
De todas maneras Colombo cree que 'aún es temprano para proponer una reforma de la Ley', aunque aclaró que no descartan esa posibilidad. Además 'la norma tiene una vigencia relativamente corta, recién empieza a consolidarse una jurisprudencia sobre cómo interpretarla'.
Hay un proyecto de reforma de la Ley 26.364 en manos del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. El mismo fue redactado en el Programa Las Víctimas contra Las Violencias, a cargo de la psicóloga Eva Giberti, e introduce modificaciones en el tema del consentimiento de la víctima, entre otros mandatos. La iniciativa está siendo evaluada.
Por su parte, con el fin de mejorar la interpretación de la norma vigente, la Unidad Fiscal a cargo de Marcelo Colombo elaboró una serie de instructivos (res PGN 94/2009 y Res PGN 99/2009) que establecen por ejemplo pautas para tomar declaraciones a la víctima de trata, de manera de enriquecer la investigación y probar el delito. Estos documentos se distribuyeron entre fiscales y jueces de todo el país. Se produjo asimismo una publicación conjunta con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y una base de doctrina y jurisprudencia publicada en la página web del Ministerio Público Fiscal.

La Pampa, Morón y más

La subdirectora de Políticas de Género de la Municipalidad de Santa Rosa, Mónica Molina, confirmó que la apreciación de magistrados del delito de trata efectivamente está cambiando. 'En La Pampa hay una persona procesada por este crimen, justamente porque la justicia no tuvo en cuenta la edad de la víctima, sino que consideró la condición de vulnerabilidad de la misma y el modo en que llegó a ese estado', precisó la funcionaria, que fue gravemente amenazada debido a las acciones que impulsa desde el cargo que ocupa en el tema de la trata de personas (ver nota).
La persona procesada por facilitar la explotación de la prostitución ajena es Omar Javier Ulrich y lleva detenido 5 meses. Fue denunciado por una mujer de nacionalidad boliviana, quién siendo engañada terminó explotada sexualmente en una whiskería en la ciudad pampeana de 25 de mayo. 'Este procesamiento desmiente lo que se decía en febrero en la provincia de La Pampa sobre que no había trata de personas en la región', recordó Molina.
El municipio de Santa Rosa dio un paso adelante en la lucha contra este flagelo cuando en mayo ordenó el cierre de whiskerías y cabarets como forma de combatir la trata de mujeres para explotación sexual; luego derogó la ordenanza que la reglamentaba, referida a libretas sanitarias con contenido ginecológico para alternadoras. Otros municipios como el de General San Martín están replicando las medidas adoptadas por Santa Rosa. En ese contexto la subdirectora Molina explicó: 'Estas medidas facilitan la investigación judicial, y al mismo tiempo perjudican el negocio de los tratantes. Ahora están buscando reconvertir ex cabarets en pubes, pero instalar un pub es más costoso. También intentan abrir nuevos locales en las ciudades donde no hay este tipo de medidas. Creo que cada municipio debe decidir si habilita ese tipo de lugares y si lo hace debe controlarlos'.
Morón es uno de los municipios bonaerenses –la provincia con mayor número de criminales procesados por el delito de trata, que esperan el enjuiciamiento oral– que sale a inspeccionar locales como pubes para controlar que no se esté desarrollando un comercio ilícito. La concejala del partido Nuevo Morón Cinthia Frías lleva un registro de domicilios clausurados y en general se cierran por falta de habilitación municipal, explotación del rubro prohibido, comercialización de alcohol sin la licencia correspondiente y falta de medidas de seguridad. En septiembre de este año, el Municipio creó el Foro Local de la Red Alto al Tráfico y la Trata de Personas (RATT), junto a organizaciones de la comunidad para contribuir en la lucha contra la trata y el tráfico de personas para la explotación sexual y laboral

Hacer cumplir el abolicionismo

El fiscal Marcelo Colombo coincide en que 'hay que debatir el rol de las jurisdicciones provinciales y municipios en el tema de la habilitación de whiskerías, cabarets y clubes nocturnos'. Según el funcionario, tanto la existencia de esos locales como de ordenanzas que favorecen la explotación de la prostitución, ponen de manifiesto un fenómeno grave que ocurre en todas las provincias del país: la vulneración de la Ley 12.331 que en 1936 prohibió las casas de alternancia en las que se ejercía la prostitución, y el incumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena suscripta por Argentina en 1949. 'Implicaría que las autoridades locales actúan contrariamente a las normativas vigentes y abalan la situación de trata', denunció el director de UFASE.
Esas medidas en el ámbito de los gobiernos locales tienen una estrecha conexión con el problema de la trata de personas. Hay estadísticas que prueban este vínculo: el 51 por ciento del total de casos de trata tienen por fin la explotación sexual comercial (34% la explotación laboral), mientras que el 74 por ciento de casos se detecta en el lugar de explotación (3% durante el reclutamiento y no hay índices de detección del delito en el transporte o traslado de la víctima). Estas mediciones surgen de las 102 investigaciones preliminares llevadas adelante por la Unidad Fiscal entre abril de 2008 y octubre de este año (ver nota).
Estas evidencias llevaron al procurador general de la Nación, Esteban Righi, a instruir a las y los fiscales en materia penal de todo el país que actúen en causas donde se investiguen situaciones de trata, que soliciten al juez actuante la intervención del municipio para la clausura del local, cuando esté funcionando bajo la apariencia de un comercio lícito. También instó a los concejos deliberantes a eliminar las regulaciones ilegales de la explotación de la prostitución ajena.
'La trata tiene una modalidad delictiva compleja, está asociada a situaciones culturales que estuvieron permitidas, como la explotación de la prostitución ajena. Como operadores judiciales debemos robustecer el discurso sobre que Argentina cuenta con un sistema abolicionista y respetarlo es una buena manera de prevenir el delito de trata', concluyó Colombo.