Oficializan el Sistema de Información para combatir la trata de personas

Buenos Aires - Argentina.- (InfoBae) El Gobierno creó el Sistema con el objetivo de "prevenir, reprimir y sancionar" a quienes incurran en esta actividad contra niños y mujeres. Se pretende “tipificar el delito de trata de personas y establecer las medidas destinadas a prevenir y sancionarlo"

A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, se fundamentó la iniciativa del Sistema Integrado de Información Criminal del Delito de la Trata de Personas "en virtud de los tratados internacionales ratificados por la República Argentina" entre ellos "la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional" para "prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños".
También se consignó el objetivo de "tipificar el delito de trata de personas y establecer las medidas destinadas a prevenir y sancionarlo, como así también asistir y proteger a sus víctimas" por lo que "se ha incorporado al plexo normativo argentino el delito de trata de personas, a través dela Ley sobre Prevención y Sanción dela Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas N° 26.364".
"Es una política del Estado Nacional la prevención de esta problemática, la protección de sus víctimas y la persecución de sus autores", se esgrimió en el texto publicado en el Boletín Oficial.
Además, se indicó que "se requiere de herramientas idóneas para responder a las crecientes demandas de nuestra sociedad que reclama por mejores políticas coordinadas, para lo que se necesita un abordaje integral" sobre esta problemática, por lo que "se torna imperioso realizar un giro en la política de persecución de este tipo de hechos".
Ello se logra, se señaló, "jerarquizando el lugar que ocupa la información criminal, no sólo para conocer en profundidad las tendencias y mutaciones de la trata de personas en nuestro país sino, además, para contar con insumos útiles para la elaboración de diagnósticos calificados que favorezcan la toma de decisiones estratégicas".
"La ausencia de datos de calidad y la diversidad de criterios en materia de recolección de información dificulta enormemente conocer en profundidad este fenómeno", se admitió, por lo que "la carencia apuntada sin lugar a dudas puede tornar inoficiosos, o al menos incompletos, los esfuerzos por coordinar medidas tanto preventivas como investigativas".
Se aclaró que "el perfeccionamiento del instrumento de almacenamiento y control de datos será desarrollado por el área de Política Criminal del Ministerio de Seguridad" en la resolución que lleva la firma de Nilda Garré.

Condenaron en La Rioja a un policía por trata de personas

Rioja - Argentina.- (Julio Aiub Morales - Clarín) Noel Jesús Carreño (29) se constituyó en el primer policía de la provincia de La Rioja condenado por el nuevo ordenamiento legal sobre trata de personas , al ser encontrado culpable por el Tribunal Oral Federal del distrito. La pena fue de dos años de prisión debido a que se consideró el delito en grado de tentativa, pero agravada por su condición de funcionario público.

También se le impuso una inhabilitación especial, por el doble de la condena, para ejercer cualquier cargo público, aunque Carreño, que está suspendido en la Policía, no quedó preso porque la condena es menor a tres años y porque no tiene antecedentes .
El juicio fue seguido con atención por la ONG La Alameda, especializada en el tema, que envió al abogado Carlos Beizuhn para presenciarlo.
El tema es muy sensible en esta provincia , adonde fue traída Marita Verón para ser introducida en una red de prostitución luego de ser secuestrada en abril de 2002 en Tucumán.
Las actuaciones se iniciaron con la denuncia de Flavia Carmona Rojas, quien tenía 19 años entonces, junto a su madre, Flavia Rojas de Carmona, el 6 de marzo de 2009. La joven dijo que fue contactada por una mujer policía amiga suya, que trabajaba en el servicio 101. Según su versión, el diputado nacional Alberto Paredes Urquiza (que había sido ministro de Gobierno y, por lo tanto, jefe de la Policía) quería hacerle una propuesta de trabajo como promotora en una empresa de biodiesel .
Por esta tarea, Flavia –cuya familia pasaba una delicada situación económica- iba a percibir un sueldo de 2.700 pesos más una tarjeta de crédito para adquirir ropas u otras cosas por un valor de 3.000 dólares. También le prometieron viajes a Estados Unidos, México, Brasil, Uruguay, entre otros países, e inclusive se le ofreció hacerle el pasaporte.
Sin embargo, la familia consultó con Paredes Urquiza y éste les dijo que no tenía nada que ver y l es aconsejó hacer la denuncia porque sospechó de un caso de trata de personas .
La presentación se hizo en la Dirección de Investigaciones, que armó un operativo y detuvo a Carreño en la plaza principal de La Rioja, cuando estaba hablando con Flavia.
Pero el policía estuvo detenido 16 horas porque el juez provincial que intervino en primera instancia no encontró causal. Durante el procedimiento de detención, el padre de la mujer policía del 101 sufrió un ACV que le costó la vida al día siguiente.
Pero los Carmona Rojas no se amilanaron e hicieron la denuncia ante el Juzgado Federal de La Rioja e intervino la Unidad de Trata de Personas, entonces recién creada.
Entonces se allanó el domicilio de Carreño, quien es casado y cuya esposa esperaba un bebé .
La defensa del policía sostuvo que Carreño nunca organizó el secuestro de Flavia ni perteneció a una banda con ese fin y que hizo eso en busca de dinero porque su sueldo era escaso para mantener su familia y trasladarse al interior, donde había sido asignado . Sin embargo, durante el juicio surgió que hizo una maniobra similar con otras jóvenes, en anteriores ocasiones.
La madre de Flavia criticó la actuación del fiscal de instrucción, Edgar Darío Illanes, porque “no investigó a fondo”. El abogado Beizuhn dijo que coincidió con el fiscal del TOF, Horacio Salman, en que la condena debió ser ma yor, pero destacó que es un avance.

Más penas y un teléfono para denunciar la trata

Buenos Aires - Argentina.- (Gustavo Ibarra - La Nación) El Senado aprobó ayer un proyecto de modificación de la ley que reprime la trata de personas y que amplía los alcances del delito y su escala penal y crea nuevos organismos para facilitar la búsqueda y asistencia de las personas sometidas a este flagelo.
Una de las principales modificaciones que introduce el texto, que ahora deberá ser discutido en la Cámara de Diputados, es la eliminación del consentimiento de la víctima, que en la ley vigente es considerada una causa para eximir de responsabilidad a los imputados. Además, amplía el concepto del delito al incluir la explotación y comercialización de pornografía infantil y penar, también, a los matrimonios forzados y serviles (entrega de una persona en matrimonio por dinero o canonjías).
En otro cambio de trascendencia se incluye en el art. 127 del Código Penal la figura del proxeneta, ya que se penalizará al que explote económicamente la prostitución de una persona. El proyecto también crea organismos relacionados con el delito, entre los que se destaca el Sistema Sincronizado de Denuncias Sobre el Delito de Trata de Personas, que tendrá el número telefónico 145 en todo el país y que dependerá del Ministerio Público Fiscal.
Por último, la iniciativa agrava las escalas penales. Así, la figura básica de promover o facilitar la prostitución de una persona tendrá una pena de 4 a 6 años. Esta condena se extenderá de 5 a 10 años en el caso de incurrir los culpables en agravantes como coerción, lazo familiar con la víctima o que el responsable sea un educador, ministro de culto religioso o funcionario público. Cuando la víctima sea menor de 18, la escala penal será de 10 a 15 años de prisión. Si se tratase de reducción de una persona a esclavitud o servidumbre, las penas irán de 4 a 15 años.
El Senado también aprobó ayer la creación de un registro nacional de datos genéticos en el que deberán constar muestras de todas aquellas personas condenadas por un delito contra la integridad sexual. La base de datos tendrá carácter reservado y sólo estará a disposición de fiscales, jueces y tribunales de justicia.
El "registro de violadores" funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia. La iniciativa contempla también la incorporación en el registro de los datos genéticos de aquellos agresores que no hayan sido identificados y cuyas muestras puedan obtenerse de sus víctimas. Así se podrá usar la información para su cotejo en futuras causas judiciales y establecer si el acusado estuvo involucrado en algún ataque anterior.